¿Quién paga los objetivos públicos en el urbanismo en Inglaterra, los Países Bajos y la Comunidad Autónoma Valenciana?

Resumen

Cuando es el privado el que ejecuta el Planeamiento, surge la cuestión de los límites de las prestaciones que la Administración Pública puede exigir: ¿qué infraestructuras, viviendas sociales y equipamientos públicos han de asumir los agentes de mercado (propietarios del suelo y promotoras inmobiliarias)? Más allá de la mera financiación de esta infraestructura, se plantea además la cuestión de si la Administración Pública tiene o no derecho a parte o toda la plusvalía urbanística. En el Reino Unido, los Países Bajos y España es éste un tema actual, polémico y objeto de continuas modificaciones legales y de líneas políticas. El presente artículo presenta datos sobre cómo ha cristalizado el reparto de los costes y de la plusvalía urbanística en la práctica de reestructuración urbana en estos tres países. Además, plantea posibles vías de investigación que ayudarían a mejorar el conocimiento acerca de la repercusión de la legislación y las políticas sobre la práctica urbanística.