Ciudades dispersas, viviend

Autores/as

  • Elvira Maycotte Pansza
  • Erick Sánchez Flores

DOI:

https://doi.org/10.5821/ctv.7569

Resumen

La política de vivienda en México, implementada en el año 2002, otorgó un apoyo pleno a la iniciativa privada para participar en la producción de la vivienda social. La primera acción que el gobierno federal realizó fue la institución de la Comisión Nacional para el Fomento a la Vivienda, CONAFOVI (hoy CONAVI), órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, creado por el Presidente de la República en el año 2001. Esta Comisión tiene como responsabilidad diseñar, promover, dirigir y coordinar la política nacional de vivienda. Aún cuando atiende a los diversos niveles, desde vivienda residencial hasta interés social, incide particularmente en esta última, vista ahora como un producto inmobiliario de muy alta rentabilidad, cuyo financiamiento está asegurado por los programas subsidiarios del gobierno, y es promovida, además, por el mismo sector público por considerarse un importante generador de actividad económica e impulsor del desarrollo del sector, creando un círculo virtuoso que inminentemente impacta los aspectos sociales y culturales aún en tiempos de recesión. Si bien la producción de vivienda social se vio estimulada en todo el país, fue en la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el eco de este programa tuvo mayor magnitud. En ella se produjo la mayor producción de vivienda económica en cuatro ocasiones consecutivas, de 2004 a 2007, a nivel a nivel nacional. Ciudad Juárez es una de las 52 zonas metropolitanas de México, el principal polo de desarrollo del Estado en donde se asienta el 40.52% de la población de la entidad y la sexta ciudad en el país en cuanto a tamaño de habitantes se refiere. Aproximadamente el 82% de la PEA tiene ingresos iguales o menores a 4 salarios mínimos, lo cual la hace potencialmente beneficiaria de créditos de vivienda económica. Este hecho puede tener diversas lecturas, sin embargo, la que ahora merece nuestra atención es el impacto que este fenómeno ha tenido en el suelo de uso habitacional y la participación que han tenido el sector público y el privado en su ocupación durante el periodo 2001 a 2006, así como la presión inmobiliaria que se ha ejercido y derivado en la ampliación del fundo legal del municipio sin estar esto considerado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Juárez. Los diferentes porcentajes de participación en la producción de vivienda social del sector público y privado con su proyección en la utilización de suelo, la ubicación de los conjuntos habitacionales desarrollados así como el número de acciones de vivienda realizadas de acuerdo a sus diversos tipos: social, media y residencial, al sumarse constituyen un importante segmento de la panorámica que habrá de llevarnos a conocer el impacto que la política nacional de vivienda ha tenido en la ciudad que ha sido su mejor receptora, y por tanto, su mejor ejemplificación. A siete años de distancia, tenemos una ciudad segregada, desarticulada y con grandes superficies vacías a su interior. El crecimiento disperso y la cuestionable “demanda de vivienda” han producido un paisaje en donde los barrios consolidados lucen abandonados. A la par, un alto porcentaje de viviendas emplazadas en los nuevos fraccionamientos ni siquiera han sido habitadas ante la falta de accesibilidad a equipamiento y servicios urbanos. El aval de las políticas públicas para adquirir una segunda vivienda, aún de interés social, ha hecho que éstas de incorporen al mercado de vivienda en renta pese a que ello se contrapone a su carácter social. En síntesis, tenemos que el apoyo incondicional a la producción de vivienda social sin visualizar sus efectos colaterales, han sido la piedra angular para la expansión irracional de las ciudades mexicanas.

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