El Derecho a la Ciudad desde la exclusión residencial: La evolución de los barrios vulnerables de la Comunitat Valenciana

Resumen

El derecho a la ciudad fue un concepto empleado por primera vez por Lefebvre (1968) entendido como aquel derecho de la ciudadanía a constituir ciudades que respondan a las necesidades humanas. De este modo, las necesidades de una ciudad no son más que la manifestación expresa de las necesidades colectivas de sus residentes reflejadas en el espacio urbano y comunitario (Caravantes, 2018). A las necesidades colectivas cabe sumársele las necesidades específicas de las personas que forman parte activa e integrante de las ciudades. La concentración de tales necesidades, así como de fenómenos vinculados al ámbito residencial conllevan a la “acumulación de clases desfavorecidas en las ciudades” (Subirats, 2016, p. 43). Por su parte, Alguacil et al. (2014, p. 77) refieren que esta acumulación hace referencia a la vulnerabilidad urbana, entendida como “aquella potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto sea afectada por alguna(s) circunstancia(s) adversa(s). La desigualdad social y la fragilidad que se genera en la estructuración de determinados territorios y la ubicación de grupos sociales en los mismos (Subirats, 2005), se explica a través de dos procesos diferentes: el primero de ellos manifestado a través del perfil socio-demográfico y socio-económico de la comunidad, donde confluyen etnias minoritarias. En segundo lugar, por las características estructurales de los barrios, incluidas en éstas tanto la disponibilidad de los recursos y/o servicios como el acceso a los mismos. En este último punto, el alejamiento de los recursos comunitarios determina el nivel de bienestar disponible para la población y sus carencias, marcarán sus puntos más sensibles para la comunidad. En base a ello, existen diferentes instrumentos a nivel estatal y autonómico que permiten identificar geográficamente la ubicación de entornos vulnerables en las ciudades. Desde el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, pasando por estudios autonómicos como el Mapa de Riesgo Social de Zaragoza (MRSZ), la identificación de ámbitos de vulnerabilidad residencial de Barcelona, al Visor de Espacios Urbanos Sensibles (VEUS) de la Comunitat Valenciana desarrollado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Urbanismo. En este último caso, el VEUS mide la vulnerabilidad urbana a partir de secciones censales, en base a variables de carácter residencial, socioeconómico y socio-demográficas. A partir de ello, se identifican tres tipologías de vulnerabilidad urbana concernientes a: vulnerabilidad integral, polivulnerabilidad y vulnerabilidad residual. Con ello, el objeto de la presente comunicación se corresponde con analizar la evolución de los barrios vulnerables de la CV desde 1991 – 2016. No obstante, las fuentes que permiten realizar un estudio de panel en base a ese periodo, se identifican con el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana y el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España. Además de ello, la identificación territorial por tipologías de vulnerabilidad desarrollada por el VEUS, permite además cartografiar cada una de las provincias por sección censal e identificar los núcleos territoriales con mayores índices de vulnerabilidad residencial, socioeconómica y socio-demográfica. Según los resultados obtenidos a través del Ministerio, la CV ha experimentado un incremento de barrios vulnerables similar al acontecido en España. En 1991 se delimitaron un total de 24 barrios vulnerables en 9 ciudades, mientras que en 2001 se identificaron 38 en 12 ciudades. Las dinámicas de concentración poblacional responden a “una serie de inercias que forman parte del sistema en que vivimos, que se encuentran presentes tanto en las políticas que conducen a la pobreza como, en ocasiones, en las fuerzas que intentan combatirlas” (Varea et al., 2016, p. 100). Según el último informe FOESSA (2019), las personas migrantes y de etnia gitana se encuentran entre aquellos perfiles con mayor riesgo de exclusión social, duplicando la tasa de exclusión social de la CV con respecto al resto de CC.AA. De forma paralela, si contemplamos los datos de la Fundación Secretariado Gitano, València es la provincia valenciana donde mayor índice de barrios o asentamientos con población gitana dispone (5.534), seguida de Alicante con 5.515 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016). De este modo, entre los resultados se aportan, tanto datos cuantitativos que evidencian la emergencia, cada vez más notable de barrios vulnerables, como mapas de la vulnerabilidad urbana de la Comunitat Valenciana donde aparecen reflejados este tipo de entornos en base a las tres provincias. Asimismo, el VEUS (2018) identificó un total de 830 secciones censales con una representación de los Espacios Urbanos Sensibles (EUS) del 24% siendo en Alicante un 37,47% (458), València con 17,92% (324) y Castellón con un 10,48% (48). En este sentido, la identificación de EUS abarca un mayor espacio territorial que la delimitación administrativa ofrecida por el Atlas de la Vulnerabilidad y ofreciendo una radiografía de la CV más detallada desde el ámbito local y de proximidad. Entre las principales conclusiones cabe destacar que, tanto en la configuración del derecho a la ciudad como en la identificación de aquellos espacios marcados por la vulnerabilidad, el fenómeno de la exclusión residencial es una cuestión esencial que no puede eludirse desde los poderes públicos en la garantía de este derecho. El abandono de las políticas públicas en pro del derecho a la ciudad, agrava y cronifica las desigualdades existentes en este tipo de entornos urbanos. Actualmente, el argumentario político continúa escudándose en la ya consolidada crisis económica y encontrando importantes resistencias a desarrollar una gobernanza territorial de carácter local que permita atajar los procesos de desigualdad.