En América Latina, la implantación del neoliberalismo como sistema económico ha llevado a un
modelo de desarrollo con elevada heterogeneidad y desigualdad socioeconómica. De la mano
de grandes cambios sociales y demográficos, las áreas urbanas experimentaron un acelerado
desarrollo, crecimiento económico desigual en la distribución del ingreso, el aumento del
desempleo y altos niveles de informalidad urbana.
Enmarcado en esta realidad la producción del espacio urbano, se llevó adelante a través de la
gestión de tres actores sociales: 1.el mercado inmobiliario; 2. el Estado nacional y 3. los
asentamientos informales.
De ellos, el estado cumple un rol fundamental en la construcción de la ciudad encauzando o
restringiendo el desarrollo de ciertos espacios ya sea a través de la acción (implementación de
políticas públicas, normativas, etc.) o de la omisión.
En un contexto en el que persiste la ausencia de planificación, la carencia de un marco que
defina el modo de ocupación del territorio, impone la lógica del mercado inmobiliario como
criterio urbanístico principal, incluso para las actuaciones de promoción pública de vivienda.
Ello impacta de modo negativo en la ciudad en la medida que favorece la especulación en
manos del sector privado, produce segregación residencial y desigualdad en el acceso al suelo
puesto que amplios sectores quedan fuera del mercado formal. Lo cual se tradujo en la
conformación de áreas diferenciadas dentro de la ciudad agudizando la separación entre
sectores sociales.
A partir del 2003, en Argentina en virtud al crecimiento económico que se produce con
posterioridad a la crisis 2001-2002, el Estado Nacional retomó los planes de vivienda a fin de
dar solución al problema habitacional haciendo hincapié en programas de relocalización,
radicación y regularización dominial de villas y asentamientos informales, articulando con
trabajo cooperativo que implicaba la intervención una medida conjunta con el problema de
desocupación.
A las existentes políticas habitaciones de construcción de viviendas ejecutadas por los
Institutos Provinciales de Vivienda (IPV), se sumaron un conjunto de políticas sociales que
articulan programas de diversos órdenes, nacional, municipal, provincial y del IPV. (Argentina
Trabaja, Municipio+Cerca, PROMEVI, PROMEBA, etc) enlazando la problemática habitacional
a la social.
Sin embargo estas medidas no revierten el sentido dominante que poseen las políticas públicas
en materia de vivienda (del Río y Duarte, 2012) puesto que la construcción de viviendas sin sustento normativo ni planificación, o la consolidación y regularización de asentamientos
populares en áreas vulnerables, lejos de mitigar las desigualdades existentes, producen
efectos negativos en la ciudad.
En este contexto, este trabajo analiza las consecuencias de las nuevas políticas habitacionales
en el Área Metropolitana de Tucumán (AmeT), a casi 10 años de implementación de un
conjunto de medidas sociales específicas, en teoría tendientes a la equidistribución del acceso
al suelo urbano.